Un aspecto crucial de la implementación del Programa de Acción es la necesidad de asegurar que todas las transferencias de armas sean controladas en forma estricta por los Estados, y que estos se sometan a cumplir con las obligaciones que el derecho internacional les señala. Sabemos que la transparencia es indispensable para asegurar que los gobiernos y la industria de armas se responsabilicen de sus acciones.

Si se carece de controles y si no se cuenta con el apoyo de todos los Estados, la transferencia irresponsable de armas continuará, sirviendo de abastecimiento de armas para el tráfico ilícito, alimentando conflictos, terrorismo, el aumento del crimen, la amenaza a los derechos humanos, creando mayores peligros para las comunidades y obstaculizando el desarrollo sostenible. Una sola transferencia irresponsable puede destruir todo el trabajo realizado por los gobiernos y por la sociedad civil. Puede borrar nuestros avances en la destrucción de excedentes de armas, en el fortalecimiento de la paz, en promover la seguridad y fomentar el progreso humano. Demandamos que la transferencia irresponsable de armas se detenga.

Los embargos de armas
Los estados deben de cumplir con seriedad sus obligaciones, incluyendo aquellas que establece el Programa de Acción, para reforzar los embargos de armas. Los ejemplos de sanciones ignoradas son fáciles de encontrar: están documentados en forma extensa en los Informes de las Naciones Unidas, como por ejemplo Angola y Liberia.

También han habido casos donde los violadores de sanciones han sido perseguidos: por ejemplo, el arresto en Eslovaquia de vendedores de armas implicados en ventas de armas a Liberia. Intentos como este de atrapar y sancionar a los vendedores y traficantes son apoyados plenamente por la sociedad civil. Pero esto no es suficiente: la mayoría de los Estados embargados siguen recibiendo armas. Los Estados deben ser más proactivos, tanto en forma individual como colectiva.

· Los Estados deben asegurar que los embargos de las Naciones Unidas sean respetados por sus propias legislaciones. Deben asegurar que las violaciones sean reconocidas como delitos y que quienes irrespeten las sanciones sean perseguidos.
· Los embargos deben extenderse a cada estado que transfiera armas a los Estados sancionados.
· Las Naciones Unidas deben considerar la instauración de una Unidad de Sanciones con la función específica de monitorear y con capacidad de hacer recomendaciones para mejorar la implementación de los embargos.
· Los embargos de armas de la ONU deben ser impuestos en forma previa como una forma de prevenir los conflictos.

Desarrollo de procedimientos y criterios internacionales de exportación de armas
Criterio de exportación
El Programa de Acción obliga a los Estados a: “revisar las aplicaciones para autorizar las exportaciones de acuerdo con los procesos y las regulaciones nacionales que …sean consistentes con las responsabilidades de los Estados relevantes bajo la ley internacional…”

Muchos Estados ya poseen procedimientos de evaluación para autorizar las exportaciones de armas. En los últimos dos años, algunos Estados han fortalecido los controles existentes o han desarrollado procedimientos y criterios donde no existían. Además, algunas organizaciones regionales y multilaterales han desarrollado o mejorado criterios de exportación y lineamientos para determinar si las exportaciones deben ser permitidas.

La sociedad civil le da la bienvenida y apoya activamente estos esfuerzos, y está involucrada en facilitar algunos. Sin embargo, la transferencia irresponsable de armas continúa, incluyendo, paradójicamente, a los estados que han estado a la vanguardia de estos avances nacionales y multilaterales.

Muchos exportadores de armas, incluyendo los Estados Unidos, han desarrollado nuevos vínculos para favorecer el comercio de armas y han expandido otros en nombre de la Guerra internacional declarada contra el terrorismo. En muchos casos, las armas fueron facilitadas a pesar de que existía la preocupación de que fueran mal utilizadas. Por ejemplo, en septiembre 2001 el Presidente George Bush estimó que su administración podría dar cerca de $100 millones de dólares en asistencia militar a Filipinas durante el año fiscal 2001-2002. La transferencia aprobada desde finales de 2001 incluye a 350 M-203 lanzagranadas, 30.000 rifles M16 y 120.000 magazines de municiones. El Informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que durante ese periodo se cometieron serios abusos de parte del ejército y de las fuerzas de policía filipinas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, arrestos arbitrarios y detenciones.

Los principales estados que manufacturan armas necesitan instituir y reforzar esos controles. La mayoría de los estados son productores de armas pequeñas y livianas, y virtualmente todos tienen arsenales que pueden ser exportados a otros países. Todos los estados deben asegurar que estas armas no lleguen a las manos de quienes violan la ley internacional.

Las armas encuentran su ruta hacia los destinatarios indeseables por muchos medios. Un ejemplo son licencias para la producción externa (LPO). Esta es la práctica por la cual las compañías con base en un país permiten y facilitan que una compañía de otro país manufacture bajo licencia sus productos.

Por ejemplo, armas automáticas fueron exportadas de Turquía a Indonesia al tiempo que se ampliaron los abusos a los derechos humanos cometidos en Timor Oriental por los paramilitares anti -independentistas con la complicidad de las fuerzas de seguridad indonesas. La Unión Europea estaba en el proceso de establecer un embargo de armas contra Indonesia, pero las armas fueron manufacturadas bajo licencia de una compañía Anglo-Germana.

Los gobiernos deben solicitar a las compañías que realicen aplicaciones para el establecimiento de licencias de producción o co-producción en el exterior.

Seguridad de arsenales y transferencia de excedentes para armas
Las medidas para mejorar la seguridad y el manejo de arsenales de armas pequeñas debe ser un esfuerzo central en el combate del tráfico ilícito. En muchas regiones el tráfico ilícito es alentado por los agentes autorizados como fuerzas armadas, miembros de la policía y de otras agencias estatales. Esto es un problema particular en países afectados por la guerra, en áreas de conflicto y en las sociedades post-conflictas donde la seguridad de los arsenales es con frecuencia débil y las armas pasan fácilmente desde países vecinos hacia destinos bajo embargo. Es vital que todos los estados trabajen juntos para garantizar la seguridad de los arsenales.

Uno de los factores relacionados con los arsenales de armas pequeñas, las cuales son fáciles de perder y de robar, es el fracaso de los estados en destruir aquellas armas designadas como “excedentes”. Todos los excedentes de armas en manos de las fuerzas armadas, de la policía y las demás agencias autorizadas deben ser destruidos. Cuando se han tomado decisiones para disponer de esas armas de otra forma, debe garantizarse una transferencia responsable para evitar que esas armas sean desviadas hacia países bajo condición de embargo o que sus receptores las utilicen para cometer abusos a los derechos humanos.

Sin embargo Rumania anunció en el año 2002 que tuvo una intención de vender excedentes de armas porque eran muy costosas de mantener y porque los beneficios de tales ventas podrían usarse para pagar la modernización militar que la OTAN promueve. En el ano 2001 el 63% de las exportaciones de armas de Rumania consistían en armas pequeñas y livianas y sus municiones. El gobierno de Rumania estableció públicamente que Uganda recibió armas rumanas en el 2001. Además de su Guerra civil, el uso de niños soldados y su historia de violaciones a los derechos humanos, Uganda estuvo vinculada al conflicto regional en la Republica Democrática de Congo, donde las fuerzas Ugandesas fueron responsables de una amplia y masiva violación de la ley internacional humanitaria. Las fuerzas de Uganda también fueron acusadas de armar y entrenar a fuerzas de la milicia local que han continuado las masacres en el este de la República Democrática de Congo.

Es crítico que los estados den seguimiento a lo que sucede con las armas pequeñas y livianas que exportan para asegurarse de que sus sistemas de control de exportaciones sean efectivos. Este es justamente el papel que debe ser jugado por los certificados de uso final y los sistemas de verificación. Los certificados de uso final, donde el estado exportador verifique la entrega de armas y monitoree su uso final, deben ser obligatorios. Los importadores deben ser obligados a solicitar autorización del estado exportador antes de que cualquier transferencia sea autorizada.

Necesitamos un Tratado Internacional sobre el Comercio de armas
Algunos estados y grupos regionales han comenzado a asumir la responsabilidad de controlar las transferencias de armas pequeñas y livianas. Ellos han recusado transferencias de armas a criminales, abusadores de derechos humanos o terroristas. Pero sus acciones han sido debilitadas por los estados que permiten que las armas sean vendidas a cualquiera. En un intento por poner fin a la transferencia irresponsable de armas –sean excedentes o nuevas manufacturas- un grupo de ONG acompañados por un grupo de juristas internacionales está proponiendo el establecimiento de un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas. Este es un modelo para un tratado internacional vinculante que establece un grupo de reglas básicas y procedimientos para regular la transferencia intencional de armas. Está basado en el principio de que los exportadores de armas tiene la responsabilidad de asegurar que las armas no sean facilitadas a quienes violan la ley internacional.

Algunos gobiernos están promoviendo los principios básicos del tratado a nivel subregional, regional e internacional. En octubre de 2003 una gran campaña internacional contra las armas será lanzada por IANSA, Amnistía Internacional y Oxfam.

Conclusión
Aquellos involucrados con actos de terrorismo, los abusos a los derechos humanos y los crímenes de Guerra reciben mucho más que el apoyo militar cuando reciben las armas. También reciben una poderosa señal que los suplidores de armas son capaces de ignorar sus responsabilidades de proteger los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

A través del fortalecimiento de las reglas y procesos vinculantes se asegura que los estados actúen responsablemente para controlar sus arsenales, la transferencia y la circulación de armas pequeñas y livianas, la comunidad internacional podrá reducir el flujo de armas hacia los abusadores de derechos humanos y los belicosos. Solo así podremos construir importantes barreras contra las atrocidades. Gracias.